Artículo 38. Los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

1. Instituto Estatal Electoral:

a. Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;

b. Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;

c. La geografía y cartografía electoral;

d. El registro de candidatos a cargos de elección popular;

e. Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

f. La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

g. La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;

h. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;

i. Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

j. Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;

k. Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio en el Estado de los partidos políticos nacionales y locales, y

l. El monitoreo de medios.



2. Organismos de protección de los derechos humanos del Estado:

a. El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;

b. Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;

c. Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;

d. Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;

e. Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

f. La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

g. Las actas y versiones estenográficas de las sesiones de su consejo consultivo, así como las opiniones que emite;

h. Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;

i. Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;

j. El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del estado;

k. El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

l. Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de convenios de los que el estado de Nayarit sea parte, en materia de Derechos Humanos, y

m. Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas.



3. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit:

a. La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;

b. Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

c. Las actas de las sesiones del Pleno y las versiones estenográficas;

d. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados;

e. Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

f. En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y

g. El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.